Violencia contra mujeres en contexto de guerra: caso Colombia

5 de marzu de 2013 DE 2013 • Rafa Palacios

Colombia padece desde hace más de cincuenta años un conflicto social, político y armado, agravado por una de las mayores crisis humanitarias sufridas en su historia. La injusticia social, las desigualdades y el empobrecimiento están en el origen de este grave conflicto, en el que el abuso sobre las mujeres se ha convertido en arma de guerra.

Los datos no dejan lugar a dudas: el 48 % de la población vive en la pobreza y el 17% en la indigencia (PNUD 2010); es el Estado n.º 11 del mundo con más desigualdad y el primero de América Latina (Índice Gini 2009); tiene más de 3´5 millones de personas desplazadas por la violencia (CODHES 2010); anualmente mueren más de 20.000 niños y niñas menores de 5 años por desnutrición aguda (UNICEF 2009); se registraron más de 38.000 personas desaparecidas (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2010), que según la ex senadora Piedad Córdoba, serían más de 250.000 en los últimos veinte años; entre el 1 de enero de 2005 y el 1 de diciembre de 2010 se cometieron 173.183 homicidios y 1597 masacres (Fiscalía General de la Nación, 13 de enero de 2011).
A lo largo de los más de cincuenta años de conflicto en Colombia, la violencia contra las mujeres y las niñas ha sido utilizada como arma de guerra por las fuerzas policiales y militares del Estado, los grupos paramilitares y las organizaciones guerrilleras. Como nos dice el informe “La violencia sexual en Colombia. Un arma de guerra” (Oxfam Internacional, 9 de septiembre de 2009): “Las mujeres son objetivo de los grupos armados por razones tan diversas como desafiar las prohibiciones impuestas por ellos, transgredir los roles de género, ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo o bien por simpatizar con él. Su fin es la tortura, el castigo o la persecución social y política. En otras ocasiones lo que pretenden es controlar las esferas más íntimas de las vidas de las mujeres imponiendo férreos códigos de conducta para controlar su vida sexual, el tipo de vestimenta que deben llevar, a qué hora deben salir o cuáles son las parejas que deben tener. Para ello emplean prácticas como la mutilación o la esclavitud (…) El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una práctica habitual que ha pasado a formar parte integral del conflicto armado (…)”.
La violencia contra las mujeres y las niñas se ha convertido en una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto de la guerra en Colombia como reconoce la propia Corte Constitucional (Auto 092, abril de 2008). La discriminación y la violencia que las mujeres y las niñas sufren de forma generalizada, en el ámbito público y privado, provoca muertes y asesinatos, restringe sus oportunidades, las priva de sus derechos, de su libertad para elegir su forma de vida y de su capacidad para decidir libremente su futuro.
La Relatora de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana, Luz Patricia Mejía, al recoger en Bogotá el X Informe sobre Violencia Sociopolítica contra Mujeres, Jóvenes y Niñas en Colombia 2000 – 2010 (Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”) declaraba que “Colombia tiene un conflicto adicional al conflicto histórico que enfrentan las mujeres en todo el continente. Éste último está soportado en un sistema patriarcal que ha oprimido y discriminado a la mujer a lo largo de la historia, y genera la perpetuación de la violencia. Lamentablemente hoy no existe ningún estado en la región en donde la situación social de la mujer sea equilibrada, equitativa, justa y pacífica. En Colombia hay, adicionalmente, un conflicto armado que hace que la mujer termine siendo víctima doble”.
La violencia contra las mujeres y las niñas en Colombia es cometida de forma generalizada y sistemática por todas las partes en conflicto con total impunidad, ante la pasividad, ocultación, negación o complicidad del Estado, siendo un elemento que profundiza y agrava la discriminación que sufren históricamente. Las mujeres negras y las mujeres indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual por la triple discriminación que sufren: de género, de cultura y de clase. “La violencia ejercida por todos los actores del conflicto interno sigue causando un impacto diferenciado y agravando la discriminación histórica que las mujeres colombianas han vivido. En este sentido, la Comisión nota con preocupación que las principales manifestaciones de violencia contra las mujeres identificadas en el Informe de 2006 –la violencia física, sexual y psicológica; el reclutamiento forzado; la imposición de pautas de comportamiento social; y el desplazamiento forzado– continúan afectando a las mujeres de todas las edades, razas y etnias en Colombia. Asimismo, el conflicto armado sigue afectando de forma particular a las mujeres indígenas y afrocolombianas por la múltiple discriminación histórica que han sufrido” (Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009).
Pero también, “Las mujeres son escogidas como víctimas como represalia por su labor como defensoras de derechos humanos o como lideresas comunitarias y sociales, o en un intento de silenciarlas cuando denuncian abusos (…) han sido blanco de amenazas y homicidios, sobre todo por parte de los paramilitares” como recoge el Informe 2011 publicado por Amnistía Internacional titulado “Eso es lo que nosotras pedimos. Que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia”.
El 26 de septiembre de 2011 se hacía público el Pronunciamiento Final del Tribunal Simbólico Contra la Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado de Colombia que declara en unos de sus párrafos “La información disponible, tanto la que se ha difundido públicamente como a la que se ha tenido acceso reservado, permite evidenciar la existencia de una práctica sistemática de violencia sexual registrada en el marco del conflicto armado colombiano, que se ha utilizado como arma de guerra (…) incluye casos de violación, desnudez forzada, anticoncepción forzada, esclavitud sexual, embarazo forzado y todos aquellos crímenes de violencia sexual que se han registrado en concurso con otros crímenes como los de homicidio, desaparición forzada, secuestro y tortura”.
Los datos suministrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal son escalofriantes: en el periodo 2000 – 2009 han sido asesinadas en Colombia 15.746 mujeres, un promedio anual de 1.575 mujeres asesinadas, lo que equivale a 4 cada día. Además se han valorado entre los años 2004 y 2009, más de 92.000 víctimas de violencia contra las mujeres, estimándose que se valora nada más que el 65 % de los casos.
Por otra parte, las políticas sociales y los programas de cooperación realizados a través del Estado colombiano han sido denunciados en muchos casos como “un apoyo exterior a la política de guerra del Gobierno, un instrumento para legitimar la presencia del Ejército y la Policía en regiones donde han cometido actos atroces y a las que regresan para realizar obras civiles, brigadas de salud y actos de beneficencia que son competencia de autoridades civiles, sin que los militares hayan pagado por sus crímenes, ni pedido perdón, ni cambiado de conducta” (Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro, Cauca).
El largo conflicto político, económico, social y armado que vive el pueblo colombiano necesita de espacios para el diálogo y el debate. Todos los esfuerzos para encontrar la paz con justicia social en Colombia son imprescindibles y pasan de forma ineludible por acabar con la lacra de la violencia contra las mujeres y las niñas, uno de los ejes centrales de la guerra, la violencia política y la violencia social en Colombia.