La nueva ley de Tasas judiciales: el penúltimo ataque a los derechos de los más débiles

26 de payares de 2012 DE 2012 • Rafa Velasco

Aquellos/as que hace un año llegaron al gobierno dijeron que lo harían bajando impuestos. Desde que llegaron no han hecho más que subirlos: IVA, copago sanitario, retenciones, escala de gravamen del IRPF, etc. Eso sí, han subido fundamentalmente los impuestos indirectos y las tasas, es decir, lo que se paga independientemente de la capacidad económica, y aquellos que gravan a las rentas del trabajo y los autónomos, pues ni el impuesto del Patrimonio, ni el de Sucesiones ni el que pudiera gravar a las llamadas SICAV han sido tenidos en cuenta por este gobierno, el cual ya podemos decir que es el que bate el récord de aplicar políticas contrarias a su supuesto programa.

Todo ello con le excusa del déficit publico y con el ánimo de recaudar para abonar una deuda con la gran banca, sobre todo alemana, que la inmensa mayoría de la ciudadanía no hemos generado. Lejos queda ya la posibilidad de utilizar los impuestos para distribuir la renta a favor de los más desfavorecidos. Hoy cada vez más la política fiscal se ha convertido en un instrumento en manos de los de arriba para acaparar más y más riqueza, es decir, para seguir profundizando en las causas de la crisis que estamos viviendo. Es por ello que en poco menos de un año el gobierno del PP no sólo no ha mejorado ninguno de los indicadores económicos que el gobierno del PSOE había dejado bajo mínimos, sino que los ha empeorado, a la par de haber dado hachazos a diestro y siniestro en es supuesto Estado del Bienestar, que se suponía que ambos partidos mayoritarios decían querer preservar, aunque ambos habían pactado una reforma constitucional, sorpresivamente en pocos días, que abría la puerta del todo al saqueo de lo público por el gran capital.

Ahora toca el momento de las tasas judiciales, un paso más, y muy grave, en esas políticas a favor de los poderosos/as. En España sólo hubo tasas judiciales, es decir, pago de derechos por acceso a la Justicia, al margen del abono de honorarios a los profesionales que en ella intervenimos, desde 1959 a 1986. En 1986 el gobierno de Felipe González, con el apoyo de la mayoría de partidos políticos y estamentos relacionados con la Justicia, suprimió las tasas judiciales, convirtiéndose en realidad una de las reivindicaciones más defendidas por los sectores progresistas del mundo del Derecho en los llamados años de la Transición. Los/as que en aquellos años estudiábamos Leyes oíamos en las aulas de las facultades, día si y día también, las excelencias del modelo judicial español que era en esencia gratuito. La llegada al gobierno del PP, de manos del señor Aznar, trajo la introducción de los primeros mecanismos de copago judicial, a través de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Posteriormente el PSOE, cada vez más orientado a una política claramente liberal, donde lo que primaba era bajar impuestos a los ricos y subirlos a los pobres, lejos de eliminar, con el señor Zapatero, las tasas anteriormente indicadas, introdujo otras, a través de la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. El objetivo no era tanto tributario como de ir limitando el acceso a la justicia, sobre todo al derecho a los recursos, que forma parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el Art. 24 de la Constitución española, y que con esta norma queda seriamente dañado.

Y ahora llega esta nueva norma, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que recomiendo a todo el mundo leer, pues es de fácil acceso a través de la web. Una norma que pretende sobre todo limitar al acceso a la justicia, haciendo la carísima para una inmensa mayoría de ciudadanos/as, ya que todas aquellas personas físicas cuya unidad familiar superen en recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos, el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud, tendrán que pagar las nuevas tasas. Teniendo en cuenta que, a tales efectos, la unidad familiar la forman los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados, o la familias formadas por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos antes indicados, y que el Salario Mínimo para el año 2012 es de 641,40 euros mensuales, queda claro que serán muchas familias modestas las que deben abonar dichas tasas judiciales sin remedio si quieren litigar, teniendo muchas veces que elegir entre ir los tribunales o abonar la hipoteca o el alquiler, pues sus ingresos no darán para todo. Es decir, por ejemplo un matrimonio donde uno de los cónyuges cobre en bruto 900 Euros al mes, y el otro, por trabajar a tiempo parcial o percibir una pensión, gane 390 Euros, ya no tendrá derecho a justicia gratuita, y tendrá ahora no sólo que abonar honorarios de abogado y procurador, sino también tasas judiciales. Tasas que no son modestas, pues pueden oscilar entre un mínimo de 300 euros (la mitad del salario mínimo indicado) para por ejemplo reclamar una indemnización a una aseguradora que no supere los 18.000 euros; los 800 euros para apelar una sentencia que no halla estimado totalmente la demanda anteriormente indicada; los 200 euros para impugnar una multa de tráfico o impugnar una oposición donde no ha sido debidamente valorado para acceder al empleo publico; los 800 euros para apelar también dicha sentencia contencioso-administrativa; o los 200 euros para recurrir una sentencia por la cual se le deniega una pensión de incapacidad, por poner algún ejemplo sangrante.

Si tenemos en cuenta que esas remuneraciones son en bruto y no en neto, y que para acceder a dicha exención de tasas hay que realizar previamente un expediente de reconocimiento del derecho, con múltiples gestiones burocráticas, que implican ya hace pagos, por ejemplo para que en el catastro te certifiquen si tienes una o sola viviendo, serán muchas familias mileuristas las que también se queden sin derecho a la señalada exención, y que en el caso de tenerla tendrán que verse compelidos o a elegir abogado y procurador del Turno de Oficio, que no han designado, o abogado y procurador de libre designación, al que tendrán que pagar. Tendrán que pagar tasas la mayoría de los autónomos que reclamen una factura impagada, la mayoría de las empresas pequeñas a las que las administraciones le deban cantidad por pequeña que ésta sea, los sindicatos u organizaciones sociales que no tienen exención de ningún tipo al abono de estas tasas, etc. Eso si, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los parlamentos, no abonarán tasa alguna, y como normalmente no se les suele imponer costa judiciales, muy en particular desde las últimas reformas procesales, cada vez podrán seguir haciendo más de las suyas, sabedoras que gran parte de sus actuaciones ilegales no serán recurridas ante organismo judicial alguno.

Se nos dice que con ello se pretende desatascar los juzgados, que si la Pantoja y cia, los tienen atascados… Nada más lejos de la realidad, los/as que tengan dinero seguirán pleiteando sin problema, podrán permitirse el lujo de pagar esas tasas, pues el hecho de pleitear en sí, o el de retrasar el pago de una indemnización, por ejemplo, a una aseguradora, le seguirá saliendo rentable, pues también sabrán que a partir de ahora serán muchos los/as ciudadanos/as que se tendrán que conformar con la indemnización que les ofrezcan o con despido a los que le sometan, pues no tendrán posibilidad efectiva de recurrir a la vía judicial. Son todas ellas medidas, que junto con otras, como la reforma laboral y demás, tienden a impedir el acceso a la vía judicial a la mayoría de la población. Son medidas que tienden, como antes decíamos, a hacer más arbitraria nuestra vida cotidiana, hacer más omnipotente al Estado, hacer más fuerte a las grandes empresas, etc.

El que suscribe nunca se creyó mucho eso de la división de poderes y la supuesta imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, pero sí que pensaba que el acceso a la vía judicial era una de los pocos resortes que en una democracia tan descafeinada como ésta le quedaba para poder impedir ciertos abusos. Ahora esa vía queda claramente cercenada, pues además, para nada ello conllevará disminución de honorarios de abogados y procuradores, sino que arrojará a muchos/as de nosotros/as al paro, dejando el “mercado jurídico” en manos de grandes despachos, con trabajadores del derecho apenas mileuristas, que podrán imponer, en régimen de oligopolio, los precios que quieran en el marco del llamado libre mercado, y con un Turno de Oficio, donde cada vez se van a igualar más a la baja los honorarios de los/as que en el trabajan. Aparecerán múltiples fenómenos de privatización de la Justicia, a través de sistemas de arbitraje y mediación, que harán que cada vez este más claro, como ocurre en la sanidad y la educación, que se quiere hacer una sociedad cada vez más dual, más privilegiada para los ricos y más empobrecida para los sectores populares. Además, las consecuencias de que los conflictos sociales más cotidianos dejen de canalizarse por la vía judicial, ante la imposibilidad de acceder a ella, y se reconduzcan a través del enfrentamiento directo entre ciudadanos/as, son impredecibles, y nos llevan a una sociedad cada vez más degradada, donde la ley del más fuerte sea la que impere.

El que suscribe no piensa aceptar ese modelo social callado o parado, y espera que la inmensa mayoría de la ciudadanía, en particular sus compañeros/as de profesión, digan un no rotundo a medidas de este tipo, que nos retrotraen cada vez más a la España más negra de los años 40 y 50.